
Con la empresa ya intervenida judicialmente desde hace varios meses el juez mercantil a decidido restringir la entrada a la sede de la empresa y a cualquier instalación a los políticos del consejo de administración, al cual ha dejado sin atribuciones, partiendo de una petición de los tres administradores judiciales, los cuales pidieron la disolución del consejo debido a la inestabilidad política actual de la isla (Operación Unión), y poder llevar la empresa como hace falta y sin molestias de los políticos.
Ha sido necesario que un juez ponga en su sitio a los políticos e impedirles que sigan utilizando la empresa como su cortijo particular para hacer y deshacer a su antojo, gente que se ha adueñado de la isla con la conveniencia de las familias importantes de aquí, los cuales mueven a los políticos según les sopla en viento de sus intereses económicos. Si queremos mejoras en muchas cosas por aquí es necesario que expulsemos a toda esta generación de políticos que creen que la población esta a su servicio, siendo justo lo contrario, ellos deben estar al servicio de la isla y su gente por el bien común de todos.
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